Desde la perspectiva ciudadana, uno de los principales problemas que sufre el país es la corrupción. Ante esta situación, adquieren relevancia las diferentes acciones que se puedan realizar para fortalecer las capacidades de la institucionalidad pública y de la ciudadanía para la prevención, detección y sanción de este flagelo. 

Ese es el objetivo que precisamente se planteó el compromiso de Integridad y Anticorrupción del Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022, el cual contempló una serie de acciones que involucraron a una gran diversidad de instituciones públicas, academia y organizaciones de sociedad civil con el fin de impulsar la lucha contra la corrupción. 

ACCESA contribuyó a una de esas acciones: la realización de una consulta ciudadana sobre los mecanismos y canales existentes para la fiscalización del manejo de fondos públicos y la denuncia de actos de corrupción. El objetivo de estas consultas fue recabar información y datos que puedan ser utilizados para mejorar los mecanismos de denuncia existentes y asegurar que éstos respondan más adecuadamente a las necesidades ciudadanas.  

La consulta fue diseñada e implementada en conjunto con la oficina de Gobierno Abierto y estuvo abierta del 20 de septiembre al 31 de octubre del 2021 por medio del sitio web de consulta pública de Gobierno Abierto Costa Rica. Se sometieron a consulta de la ciudadanía los mecanismos de denuncia por presuntos actos de corrupción de las siguientes tres instituciones que mostraron su anuencia en participar:

• Procuraduría de la Ética Pública (PEP)
• Contraloría General de la República (CGR)
• Municipalidad de Heredia (Contraloría de servicios)

La participación en la consulta fue variable: si bien para el caso de la CGR y la PEP se recibieron 55 y 46 aportes respectivamente, para la Municipalidad de Heredia solamente se recibieron 9 aportes. A continuación presentamos algunos de los principales hallazgos y recomendaciones que surgieron a partir de esta consulta.

Principales hallazgos

Como parte de los principales hallazgos basados en la información suministrada por las personas participantes en esta consulta ciudadana, se encuentran los siguientes:

– La mayoría de las personas indicaron no haber utilizado los mecanismos de denuncia habilitados, a pesar de haber tenido conocimiento de un presunto acto de corrupción que no denunciaron.  El miedo a las represalias es una de las principales causas detrás de esta situación.

– Se percibe un alto nivel de desconocimiento por una parte de las personas participantes en la consulta ciudadana sobre los derechos y garantías de las personas que denuncian, así como una percepción de que estas garantías no se ejercen efectivamente. Además, también se evidencia desconocimiento al momento de reconocer tipos de causas que pueden ser catalogadas como presuntos actos de corrupción.

– La gran mayoría de las personas que han interpuesto una denuncia ante estas instituciones, indican que al momento de hacer uso del mecanismo de denuncia éste les resultó accesible o moderadamente accesible.

– La minoría de personas que se quejó del mecanismo de denuncia señalaron que encontraron dificultades tales como el uso de lenguaje legal, falta de claridad en lo que se solicita, poca comunicación con el denunciante y ausencia de seguimiento. 

– Se pudo identificar que las personas cuyas denuncias no son admitidas usualmente no tienen suficiente conocimiento o no tienen clara la competencia de las instituciones en cuanto al tipo de denuncias que pueden atender o cuando corresponde a otro ente, y tampoco tienen claridad al identificar cuando se está ante un presunto acto de corrupción.

– Fueron pocas las personas que indicaron haber recibido un número de caso y que pudieran darle seguimiento efectivo a su denuncia. Esta situación muestra dos posibles escenarios, uno en donde los números de caso no parecen ser efectivos para darle seguimiento a cada denuncia o bien, las personas todavía no comprenden muy bien cómo dar el seguimiento y por tanto el problema está relacionado más a una falta de entendimiento desde la persona usuaria.

– Un hallazgo general de la información recabada en la consulta con respecto al sentir de la persona denunciante, es que el proceso de presentar una denuncia parece ser un proceso psicológicamente complejo para quien denuncia, el cual involucra una mezcla de emociones. Estas personas, a su vez, perciben que el proceso de denuncia de las instituciones está basado solamente en aspectos legales y no en estos otros factores más relacionados con la atención al usuario que contemplan aprendizajes, educación, experiencias, temores y otros sentimientos.

Recomendaciones generales

A partir del análisis de los comentarios brindados por las personas en la consulta ciudadana, desde el equipo encargado de la consulta elaboramos una serie de recomendaciones:  

– El problema del temor a represalias y la desconfianza debe acatarse con una mayor capacitación y una divulgación más activa sobre lo que implica denunciar y las protecciones con las que cuentan las personas denunciantes. También sería prudente analizar si los mecanismos de protección de denunciantes que actualmente existen son verdaderamente efectivos e identificar formas de fortalecerlos. 

– Una posibilidad a considerar es el establecimiento de un canal encriptado que permita la presentación de denuncias de manera segura y confidencial (sean anónimas o no), así como un seguimiento y una comunicación eficiente entre persona denunciante y el funcionariado encargado de tramitar e investigar la denuncia. El Buzón Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo de este tipo de canal. 

– Es importante reforzar el acompañamiento entre la entidad y la persona denunciante a lo largo del proceso y asegurar una comunicación proactiva del estado final de su trámite. Esto podría venir de la mano de una atención y acompañamiento más integral, que no solo se limite al aspecto legal, sino también enfocado al servicio al usuario.

– Publicitar e informar más ampliamente al público en general sobre la existencia de los mecanismos de denuncia, cómo se interponen las denuncias, qué requisitos o información se solicita, si cabe la posibilidad de trasladar a otra instancia la denuncia, entre otros detalles adicionales que en la actualidad no parecen ser muy claros para la ciudadanía.

– Dar a conocer mediante campañas formativas y educativas, así como en las espacios de capacitación, los motivos o situaciones que se catalogan como un presunto acto de corrupción, en el tanto las personas aprendan a identificar cuando se está frente a un acto de este tipo y procedan a denunciar a la entidad correspondiente con la información requerida. 

– Transparentar los procesos de investigación de denuncia, es decir, informar más sobre cuáles son las etapas de un proceso de denuncia y divulgar más activamente estadísticas sobre estos procesos. Para esto se puede considerar preparar videos cortos explicativos sobre las dudas más comunes o malentendidos más frecuentes sobre el proceso de denuncia. 

– Utilizar lenguaje claro y sencillo tanto en la página web y en el formulario de denuncia como en la información brindada en las resoluciones y atención a la persona denunciante. Incluir este principio también en los materiales a divulgar en campañas, capacitación, videos, entre otros.