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Desde hace varios años Costa Rica sufre de una crisis fiscal y una alta tasa de desempleo, dificultades que se vieron magnificadas debido a la pandemia del Covid-19 y que ahora se están agravando por el alza sostenida en el costo de la vida. En este escenario de grandes y complejas dificultades, los gobiernos han intentado diferentes políticas -estímulos fiscales, subsidios, programas de empleo- con los cuales alcanzar una recuperación económica sostenida. 

Una poderosa herramienta que casi no se ha considerado hasta el momento son las contrataciones públicas. El considerable músculo financiero del aparato estatal y las diversas necesidades de contratación de sus distintas instituciones -en años recientes, el gasto en contrataciones públicas ha representado entre un 12,5 y 15% del PIB costarricense– son una oportunidad de oro para incrementar la eficiencia y el buen servicio e impulsar el desarrollo de la economía nacional

Sin embargo, el uso de las contrataciones públicas para generar una mayor inclusión y reactivación económica se enfrenta a dos importantes problemas:

  1. Una concentración de las adjudicaciones en empresas grandes ubicadas en la Gran Área Metropolitana, la zona más próspera del país (el 47.4% del monto de las compras realizadas en el período 2016-2020 fueron adjudicadas a empresas grandes). Esto ocurre a pesar de que, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el 97.5% del parque empresarial a nivel nacional corresponde a PYMES
  2. La falta de visión estratégica a la hora de planificar y desarrollar procesos de contratación pública. En Costa Rica la contratación pública tradicionalmente se ha visto como una actividad meramente administrativa y no como una política pública. Esto significa que, a pesar de que existen algunas políticas para establecer condiciones ventajosas para las PYMES e incluso existe una Política Nacional de Compras Sustentables que contempla criterios ambientales, económicos y sociales, los resultados no han sido los esperados

La investigación busca identificar el estado actual de las PYMES nacionales en los procedimientos de contrataciones públicas, con énfasis en las microempresas y pequeñas empresas, y los factores sistémicos que podrían estar inhibiendo o impulsando su éxito (ver: Propuesta de investigación). Para esto se analizaron los datos disponibles en el sistema digital unificado de compras públicas de Costa Rica, conocido como SICOP. desde el año 2016 hasta el 2020.

Esta investigación fue realizada con el apoyo del fondo Action-Research de Open Contracting Partnership. Pronto publicaremos una serie una serie de artículos con los principales hallazgos y recomendaciones de la investigación.

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