Más representatividad y transparencia: esas son dos de las principales demandas que la ciudadanía exige de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a un estudio sobre legitimidad y eficacia legislativa que realizamos en ACCESA durante el segundo semestre del 2017 para la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.

En términos de representatividad, la investigación muestra que la ciudadanía no cree que la composición de la Asamblea refleje la diversidad de la población costarricense. Además, se maneja la percepción de que los diputados no tienen suficiente interés por conocer y resolver las necesidades de la gente ni tienen un alto conocimiento de los problemas nacionales. Ante esta situación, los ciudadanos exigen más transparencia y rendición de cuentas, una mejor preparación por parte de los legisladores y una mayor apertura  a escuchar las necesidades de la población.

En ACCESA le hemos puesto particular atención al tema de la transparencia legislativa, ya sea trabajando en el marco de la Alianza para una Asamblea Abierta en acciones que mejoren la transparencia de este primer Poder de la República, o midiendo avances y retrocesos a través de la aplicación periódica del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Recientemente, junto con las organizaciones Costa Rica Integra, Abriendo Datos e IPLEX, divulgamos los resultados de la edición 2018 de dicho Índice, en la cual nuestro Congreso se posicionó como el segundo más transparente de la región con un promedio de 75,27% (muy por encima del promedio regional de 58,93%).

La posición privilegiada de la Asamblea Legislativa en relación con los otros parlamentos de la región principalmente se explica por la publicación proactiva de gran cantidad de información sobre, por ejemplo, las sesiones del Plenario, Comisión y Directorio, informes mensuales del ejercicio presupuestario, salarios de funcionarios y legisladores, estados financieros de los viajes al exterior, datos sobre el uso de vehículos oficiales, entre otros. Es importante mencionar, sin embargo, que la presentación y organización de esta información todavía puede mejorar bastante, ya que el sitio web de la Asamblea en general es poco amigable para el usuario.

Más allá de estos aplaudibles esfuerzos por divulgar más y mejor información, es en las áreas de normatividad y rendición de cuentas en donde la Asamblea todavía evidencia mucho por hacer. Es cierto que se han logrado avances importantes como la aprobación del Decreto sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y la reforma al artículo 112 de la Constitución, pero persisten temas pendientes de larga data como la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Lobby y una norma que detalle el procedimiento que se debe seguir para determinar la pérdida de credencial de los diputados.

En cuanto a la rendición de cuentas, en el sitio web de la Asamblea se han habilitado perfiles personales para cada diputado con información relevante como, por ejemplo, su Currículum, las comisiones a las que pertenece y la información de contacto de sus asesores. Siguen existiendo deudas importantes, no obstante, en lo que respecta a información sobre sus planes y programas, su agenda, informes de gestión, declaraciones patrimoniales y de intereses, entre otros.

La interrogante principal ante estos resultados es: si el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa refleja que la Asamblea tiene niveles relativamente altos de transparencia, ¿por qué la gente sigue sintiéndose tan lejana y recelosa de ella? ¿Por qué siguen viéndola como una institución opaca y poco abierta a las necesidades ciudadanas? Primero hay que decir que una mayor transparencia no necesariamente deriva en una mayor legitimidad popular o en un funcionamiento más eficiente del órgano legislativo. Puede ser un catalizador para ello, pero la transparencia por sí sola lo único que hace es eso: transparentar la función pública.

La realidad es que muchos de los déficits de representación de la Asamblea tienen su origen en las características del sistema político y electoral costarricense, de ahí que se tenga que considerar seriamente la necesidad de cambiar el sistema que tenemos de elegir a los congresistas para que éste sea más directo, transparente y representativo, lo que también debe venir de la mano de un progresivo fortalecimiento de los partidos políticos para que éstos sean más sólidos en sus estructuras y claros en sus posturas. Además, hay toda una serie de innovaciones recientes en materia de participación ciudadana en el proceso legislativo que con voluntad política bien pueden implementarse en nuestro país.  

Lo positivo es que todos estos cambios necesarios no son imposibles y tienen un denominador común: están en manos de los legisladores.  Acciones como aprobar una Ley de Acceso a la Información y una Ley de Lobby, regular la obligatoriedad de que los legisladores presenten públicamente informes de trabajo y declaraciones patrimoniales, regular las obligaciones de los diputados hacia las circunscripciones territoriales que representan y hacer las reformas al sistema de elección; todas estas son cosas que los legisladores, empujados por una ciudadanía activa, propositiva y comprometida, pueden hacer desde sus curules.

Nada de lo anterior es una solución mágica ni una garantía de que la ciudadanía automáticamente va a percibir de manera más positiva a la Asamblea o a sentirse más representada por ella, pero sin duda son acciones que ayudarían a alcanzar esos objetivos y, lo más importante, representarían el cumplimiento de un compromiso que los legisladores deben sostener permanentemente con la ciudadanía de hacer todo lo posible para tomarla en cuenta e incluirla activamente en la solución a los problemas nacionales.