El pasado mes de enero se cumplieron diez años desde que Costa Rica envió su carta de adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Desde ese momento todos los gobiernos han tenido una coordinación encargada de gestionar esta agenda y se han desarrollado cuatro Planes de Acción bianuales. Además, el país cuenta con una Comisión  Nacional  para un Gobierno  Abierto que tiene la tarea de liderar la implementación del gobierno abierto en la institucionalidad y la cual está compuesta por representantes de sociedad civil, academia, sector privado y el sector público.

En otras palabras, el gobierno abierto se ha convertido en una agenda que se ha mantenido vigente en el país por una década, tiempo en el que hemos podido presenciar sus avances y retrocesos, tanto dentro de la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto (de la cual somos parte), como desde afuera en los diversos proyectos e iniciativas en los que hemos estado involucrados. Es por eso que, ante este aniversario y la inminente entrada de un nuevo gobierno, consideramos que el momento es propicio para hacer un recuento reflexivo de lo que se ha conseguido y los desafíos que todavía debemos afrontar. 

En estos diez años podemos enumerar varios logros y avances que, aún cuando en ocasiones han resultado en acciones primordialmente simbólicas, han permitido direccionar la agenda de gobierno abierto hacia objetivos que potencialmente pueden ser más ambiciosos. Dentro de estos hitos destacamos los siguientes: 

1. Se han formulado cuatro planes de acción, los últimos dos con carácter de Estado Abierto al involucrar compromisos de los tres Poderes de la República. El proceso de cocreación de estos planes ha ido mejorando progresivamente, y su contenido es cada vez más diverso y ha pasado a involucrar más áreas temáticas e instituciones. 
2. Desde mayo del 2015 se cuenta con el Decreto Ejecutivo 38994 “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto”, el cual le ha dado sostén normativo a este tema.  
3. Se promulgaron los decretos de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado y sus dependencias, y de Apertura de Datos Públicos. Este último establece una Comisión Nacional de Datos Abiertos que se encarga de impulsar la apertura de datos en el sector público. 
4. Desde el 2015 el Poder Judicial se ha incorporado de lleno a la agenda de apertura, al aprobar su Política de Participación Ciudadana y su Política de Justicia Abierta, y contar con una Comisión de Justicia Abierta con participación de la sociedad civil. Además, son pioneros en plataformas de datos abiertos, de compras públicas con estándares de apertura internacionales y recientemente lanzaron su Observatorio Judicial.  
5. A partir también del 2015 la Asamblea Legislativa se incorporó a esta agenda con dos Planes de Acción para la Apertura Legislativa y una Política Institucional de Parlamento Abierto; asimismo cuenta con una Comisión Institucional de Parlamento Abierto con participación de la sociedad civil. 
6. En el 2017 se firma un Convenio Marco para Promover un Estado Abierto por parte del Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, siendo Costa Rica el primer país en el mundo en ratificar un documento de este tipo, aun cuando su alcance operativo ha sido muy limitado.
7. El país ha sido sede de eventos internacionales importantes, como el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto en 2014 y la Conferencia Regional de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe en 2017.
8. En el marco de estos procesos cientos de personas ciudadanas y organizaciones de sociedad civil se han informado sobre gobierno abierto y han participado en espacios de diálogo y cocreación. Además, han surgido un pequeño pero relevante grupo de organizaciones de sociedad civil que le han puesto particular énfasis a esta temática. 
9. Son frecuentes la realización de talleres, hackatones, charlas, conferencias y conversatorios, así como la celebración de actividades como el Open Data Day y la Semana Mundial de Gobierno Abierto.  
10. Se ha logrado una aplicación constante del Índice de Transparencia del Sector Público, el cual progresivamente ha incorporado en su evaluación a más instituciones y ha impulsado la mejora de éstas, así como se ha evidenciado un esfuerzo de instituciones por impulsar iniciativas y plataformas de datos abiertos, tales como el Observatorio de Compras Públicas, Geo Explora y MapaInversiones.

El camino hacia la apertura es un proceso continuo y permanente  de  cambios,  reformas e innovaciones que vienen a transformar la manera habitual de hacer las cosas en una institucionalidad que históricamente ha estado acostumbrada a culturas organizacionales rígidas, resistentes al cambio, opacas y verticales. Esto inevitablemente genera una serie de retos y desafíos que se deben afrontar a la hora de fomentar una cultura de apertura en todas las ramas y niveles del Estado y en la sociedad. Entre ellas destacamos los siguientes: 

1. Evidenciar resultados e impacto

Las acciones de gobierno abierto que se han realizado en el país hasta el momento no han tenido suficiente impacto tangible en la vida de las personas. Si bien el discurso es atractivo y es utilizado por muchas autoridades y figuras políticas, faltan ejemplos que permitan demostrar de manera efectiva los resultados concretos de estas acciones en el desarrollo, los derechos, el bienestar y la calidad de vida, entre otros. Si se logra alcanzar y evidenciar mayores impactos, sería posible también generar una propuesta de valor que pueda hacer que esta agenda sea más atractiva y tenga más trascendencia de la que ha tenido hasta ahora. 

2. Aumentar la ambición

Los planes de acción bianuales no brindan las condiciones para hacer reformas de gran calado y, además, generan el incentivo de atrapar a los gobiernos en una visión cortoplacista enfocada en pequeñas iniciativas que son difíciles de escalar. En esa línea, aun cuando los Planes de Gobierno Abierto en Costa Rica han venido incluyendo áreas temáticas cada vez más variadas, todavía hay temas relevantes como la economía, la salud, la hacienda pública, la política social y el uso de recursos naturales que pueden beneficiarse de un enfoque de apertura más ambicioso.

3. Saldar deudas pendientes en normativa

Costa Rica es de los pocos países de la región que carece de una Ley de Acceso a la Información Pública; además, no cuenta con una Ley de Participación Ciudadana o una Ley de Lobby, y la normativa en temas como protección de datos se encuentra desactualizada. Tampoco se ha ratificado el Acuerdo de Escazú y se ha obstaculizado la transparencia fiscal, de patrimonio y de beneficiarios finales. Este tipo de legislación, si bien no es una panacea, puede facilitar la expansión de estas prácticas a todas las instituciones públicas y a todos los niveles de gobierno. 

4. Sensibilizar, pero también transformar

En Costa Rica hemos avanzado en la sensibilización institucional y social sobre la utilidad e importancia del gobierno abierto, pero para avanzar más allá se necesitan procesos continuos de cambio en la cultura organizacional, en el modo de funcionamiento de la estructura institucional y en la manera en que ésta se relaciona con la ciudadanía. Esto ha probado ser mucho más complejo que la sensibilización inicial. 

5. Institucionalizar la apertura, no personalizarla

Hasta el momento la mayoría de iniciativas de Gobierno Abierto son proyectos aislados que dependen de funcionarios de alto rango o de líderes políticos. Es decir, son iniciativas momentáneas que luego no llegan a sostenerse ni ampliarse. Si se quiere evitar que la sostenibilidad de estas iniciativas dependa de las fortunas de personas específicas, es vital institucionalizarlas y hacerlas permanentes. Esto es especialmente importante ante los constantes cambios de jerarcas y los traspasos de gobiernos.  

6. Recursos y estabilidad para la coordinación de Gobierno Abierto

La oficina de coordinación de Gobierno Abierto debería ser un ente que se encargue de impulsar y apoyar iniciativas de apertura en todo el gobierno central y hasta ahora no lo está haciendo. En las diversas administraciones el equipo encargado de llevar esta coordinación ha sido muy reducido y no cuenta con los apoyos y recursos necesarios. La oficina de Gobierno Abierto también ha cambiado de sede institucional tres veces en los últimos tres gobiernos, por lo que es importante lograr una estabilidad institucional que permita que el equipo encargado pueda darle continuidad a los procesos que ya se están implementando. 

7. Pasar del discurso del Estado Abierto a la realidad

Si bien cada Poder de la República ha liderado sus propias iniciativas y políticas de apertura, su puesta en práctica ha sido dispar: hasta el momento los convenios y compromisos firmados por los Poderes han tenido un impacto más declarativo que operativo y no se ha logrado alcanzar una mayor articulación. Esta relación es particularmente compleja ya que implica enfrentarse a una tradición fuerte de separación de poderes y pesos y contrapesos que en ocasiones puede generar barreras para la colaboración.

8. Desarrollar gobernanza adecuada y mejor articulación

En ese sentido, también sería importante diseñar un marco de gobernanza coherente para que se establezcan y operacionalicen de forma efectiva espacios de articulación que permitan la formulación e implementación de iniciativas y compromisos a nivel de Estado. Esto debe contemplar un fortalecimiento de las capacidades de la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto, para que así pueda cumplir cabalmente con las labores que le han sido asignadas. 

9. Sostenibilidad de las organizaciones

En Costa Rica el acceso a fondos para las organizaciones que trabajan en estos temas es muy limitado, por lo que siempre faltan recursos y tiempo para dedicarse de lleno al gobierno abierto o a la innovación democrática. Esto hace que desde el lado de la sociedad civil también las iniciativas adolezcan de una falta de sostenibilidad.

10. Ciudadanizar y territorializar el gobierno abierto

El enfoque de gobierno abierto corre el riesgo de convertirse en un proyecto puramente institucional ajeno a la lógica ciudadana. Para que las iniciativas de gobierno abierto lleguen a buen puerto, se necesita poner verdaderamente a la ciudadanía en el centro del diseño de políticas públicas y la toma de decisiones. Y esto implica “ciudadanizar” las lógicas institucionales y enlazar esta agenda con las agendas e intereses de otros sectores y territorios para construir un ecosistema de apertura más resiliente que pueda darle continuidad a estos temas y asegurar un impacto más transformador. 

Los avances, las buenas prácticas y las innovaciones impulsadas en el campo del gobierno abierto son innegables. Pero también es cierto que en los años que han corrido desde la propagación de este paradigma las encuestas de opinión pública no revelan ningún tipo de aumento significativo en la confianza en la democracia, ni se ha reducido el abstencionismo electoral, ni la demanda de la ciudadanía por más transparencia, apertura y participación parece estar cerca de ser satisfecha.

A diez años de la entrada de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, y a las puertas de un nuevo gobierno, debemos pensar si estas iniciativas de verdad están contribuyendo a abrir la toma de decisiones a sectores que han sido sistemáticamente desempoderados y desfavorecidos, y a expandir la capacidad y el poder de la ciudadanía de movilizarse, organizarse y abogar efectivamente por sus necesidades. 

Por otro lado, para verdaderamente conseguir un mayor impacto, mejores resultados y más sostenibilidad, se requiere todavía de más apoyo de autoridades y altos mandos, de la creación de marcos normativos adecuados y actualizados a nuestros tiempos, de una mayor instalación de capacidades institucionales y del desarrollo de la infraestructura humana, financiera y tecnológica necesaria. En otras palabras, para que los procesos de gobierno abierto en Costa Rica lleguen a buen puerto se necesita voluntad, tiempo, dinero y recursos, características que no existen en abundancia en la institucionalidad pública y que se limitan todavía más en el actual contexto fiscal.

Y también necesitamos de una sociedad civil que sea capaz de articular, enlazar, dialogar, reflexionar, proponer y empujar para que el gobierno abierto se traduzca en mejoras tangibles para las vidas de las personas. En otras palabras, necesitamos un Estado que brinde las oportunidades de participación e incidencia, y una sociedad civil que tenga la capacidad de demandar y aprovechar esas oportunidades. Ese es nuestro gran desafío.