• El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa sitúa a la Asamblea costarricense en el segundo lugar de la región.
• No obstante, el puntaje del país es de apenas un 52,1%, con importantes deficiencias en normativa y participación ciudadana.

Luego de avances en años anteriores, la Asamblea Legislativa se ha estancado en términos de transparencia y apertura parlamentaria debido, en buena parte, al poco compromiso de los diputados y diputadas en impulsar normativas largamente postergadas y otras reformas necesarias. 

Esa es la situación que refleja la quinta edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), en donde la Asamblea Legislativa obtuvo una puntuación de 52,1%, suficiente para posicionarse en el segundo lugar de entre los 13 países que aplicaron la evaluación, pero aún muy lejos del estándar deseable y sin que se evidencien avances significativos en comparación con mediciones anteriores.   

El Índice es realizado cada dos años por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) y evalúa cuatro dimensiones: Normatividad, Labor del Congreso, Presupuesto y Gestión Administrativa, y Participación Ciudadana. En Costa Rica se ha aplicado desde el 2015 y en esta ocasión la medición estuvo a cargo de las organizaciones ACCESA e IPLEX. 

En términos generales, el Índice muestra una imagen sombría de la región en lo que a transparencia y apertura parlamentaria se refiere, ya que la media regional es de apenas un 39,6%, siendo Chile el congreso mejor evaluado con un 59,6%, mientras que Venezuela obtuvo el peor puntaje con 16,3%.

Resultados de Costa Rica

Al analizar de forma pormenorizada los resultados de Costa Rica, se puede observar que muchas de las reformas o mejoras que se deben realizar para aumentar el estándar de apertura y transparencia de la Asamblea dependen principalmente de los diputados y diputadas.

Esto se observa de forma más evidente en la dimensión Normativa, que con un 44,3% es una de las más débiles del país. Entre los pendientes destacan la ausencia de leyes que regulen el acceso a la información pública, el lobby, la presentación de declaraciones de intereses, el régimen de sanciones para las faltas al deber de probidad y la obligatoriedad de que los diputados rindan cuentas e informen sobre su gestión. 

Tampoco se cuenta con normativa sobre la posibilidad de realizar consultas ciudadanas sobre proyectos de ley o para impulsar la participación ciudadana de manera sostenida, y si bien la Asamblea cuenta con una Política Institucional de Parlamento Abierto, dos años después de su aprobación todavía no se cuenta con un plan de acción que la haga efectiva. 

En la dimensión de Participación Ciudadana, aún cuando la Asamblea obtuvo un puntaje de 55,9%, este resultado tiene que leerse con cautela ya que se obtuvieron puntajes negativos en los indicadores enfocados en rendición de cuentas de las y los diputados, involucramiento ciudadano en el proceso legislativo e innovación, áreas que todavía son un gran desafío para la institución.

Las dos dimensiones restantes reflejan resultados opuestos: la Dimensión Labor del Congreso obtuvo la nota más alta para la Asamblea, con un 63,5% mientras que la dimensión Presupuesto y Gestión Administrativa alcanzó el peor resultado para el país, con un 40,2%. No obstante esta diferencia en puntuación, en ambas se destaca una publicación amplia y proactiva de información sobre el funcionamiento de la Asamblea, pero que todavía tiene mucho margen de mejora en cuanto a la forma en que se presenta y los formatos de apertura de datos utilizados.

A partir de estos resultados, se identificaron toda una serie de recomendaciones concretas sobre los cambios y reformas que se deben realizar para mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y probidad de la Asamblea Legislativa. 

Le invitamos a entrar a la sección dedicada al Índice en nuestro sitio web para encontrar más detalles de estas recomendaciones, así como leer el informe completo de resultados y ver la grabación de la presentación del Índice, la cual contó con la participación de Antonio Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, y Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea.

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