El siguiente texto fue escrito como introducción al informe final del Índice de Transparencia Legislativa aplicado por ACCESA en la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el 2015. 

La democracia puede ser entendida, según Norberto Bobbio, como un “conjunto de reglas (primarias y fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”. En ese marco, dentro del sistema político costarricense, la Asamblea Legislativa juega un papel sumamente importante como primer poder formal de la República.

En la arena legislativa se realizan labores fundamentales para el régimen democrático, como lo son la formulación de políticas públicas y leyes, la interpretación “auténtica” de las mismas y el control político; además de ser un espacio de estructuración, filtro, y resonancia de la agenda sociopolítica y de canalización de las demandas y apoyos al sistema político. El Congreso es el espacio donde convergen representantes de diversas posiciones, intereses y sectores de la ciudadanía costarricense, tanto de las mayorías como de las minorías que también deben tener su lugar en la democracia.

Sin embargo, a pesar de la importancia de la Asamblea Legislativa para la democracia representativa, lo cierto es que atraviesa problemas de confianza y de legitimidad por parte de la ciudadanía, lo cual incluye problemas de representatividad hacia la misma. Como ha señalado Raventós Vorst y otros, el “malestar con la política” incluye una baja confianza en una serie de instituciones, sobre todo en aquellas que “se ocupan más de las diferencias, disputas y conflictos propiamente políticos”, donde destaca la Asamblea Legislativa. Otros estudios han confirmado la tendencia de pérdida progresiva de confianza en algunas instituciones desde 2004, donde sobresale el caso de la Asamblea Legislativa cuyo nivel de confianza decreció nuevamente el año pasado.

En este contexto, una de las percepciones y “sentimientos” de la ciudadanía es asociar la política con la corrupción, y la idea de que “todos los (y las) políticos son iguales y corruptos”, lo cual hace necesario y justifica iniciativas y proyectos como el Índice de Transparencia Legislativa en Costa Rica, el cual pretende describir el estado de la transparencia legislativa en Costa Rica.

De esta forma, el objetivo del Índice no es exclusivamente académico, sino también político y práctico, ya que pretende mostrar evidencias empíricas sobre el estado de la transparencia y el acceso a la información en el primer poder de la República, señalando los aspectos positivos y los puntos que requieren mejora para lograr una institucionalidad legislativa más transparente, accesible y por ende más democrática.

Considerando los objetivos del Índice y la naturaleza de ACCESA como organización de la sociedad civil, es loable reconocer e impulsar que la ciudadanía y las organizaciones sociales en general desarrollen procesos y experiencias propias para construir, solicitar y exigir democracias más amplias, accesibles y transparentes.

En ese marco, la accountability, el control político o la rendición de cuentas son sumamente importantes para la democracia y el buen funcionamiento del sistema. No solo son relevantes el control político y la rendición de cuentas horizontal sino que también son fundamentales el control y rendición de cuentas vertical, particularmente el tipo societal vertical descrito por O’Donnell que refiere al control de las autoridades políticas basado en acciones de un conjunto de asociaciones y de movimientos de la ciudadanía, que trasciende el control puramente electoral.

Justamente dentro de esas acciones desde la ciudadanía se enmarca el Índice de Transparencia Legislativa que pretende sistematizar una serie de estándares mínimos de transparencia en el quehacer político y administrativo, hacer notar la importancia del tema en cuestión y promover las reformas necesarias que mejoren estos estándares en la Asamblea Legislativa. En relación con esto, una de las características necesarias de la democracia representativa es el debate público, que también se debe promover desde la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales. Al fin y al cabo eso permite “hacer más democrática a la democracia”.

Para hacer esto, es necesario que la política y las instituciones democráticas sean lo más transparentes y accesibles posibles, no solo porque es urgente para recobrar la confianza de la ciudadanía, sino porque es parte de los principios y la naturaleza filosófica y política de eso que llamamos democracia. En el fondo uno de los valores de la democracia es la transparencia y el acceso a la información que se plantean como antítesis de los regímenes dictatoriales y autoritarios. Si entre menor equidad y participación hay menor democracia, también entre menor transparencia y acceso a la información habrá menos democracia.

Por su parte, para el avance no solo de la transparencia sino de la democracia, es necesaria la comparación, no aquella odiosa e incómoda, sino ésta constructiva y abierta. En este sentido, se busca la comparación con los otros y con “nosotros” mismos, razón por la cual se comparan los datos obtenidos para Costa Rica con los de otros países latinoamericanos que anteriormente aplicaron el mismo Índice de Transparencia Legislativa. Será tarea para el futuro la comparación en el tiempo del caso costarricense, que permitirá valorar avances y retrocesos en la materia.

Esta tarea comparativa y de diagnóstico debe hacerse trascendiendo y alejándose de los imaginarios y mitos sociopolíticos costarricenses que han construido a Costa Rica como una “Suiza Centroamericana” sin problema alguno y como una “demoperfectocracia”, pero también alejándose de las visiones que parten de un supuesto caos y crisis constante y total del país. El diagnóstico sobre la transparencia y acceso a la información legislativa debe hacerse basado en evidencias empíricas que expongan el estado real de la transparencia de uno de los espacios “autorizados para tomar las decisiones colectivas” en el marco de la democracia costarricense: el primer poder de la República.