Este es el último de una serie de cuatro artículos y materiales audiovisuales en donde exploramos cómo las contrataciones abiertas y el uso de datos abiertos pueden contribuir a prevenir la corrupción e impulsar la economía.

En artículos anteriores hemos resaltado la importancia de adoptar un enfoque de contrataciones abiertas, mejorar la publicación de datos sobre contrataciones públicas en el SICOP e impulsar la apertura de los datos de beneficiarios finales como herramientas para prevenir o identificar tempranamente escándalos de corrupción como el llamado Caso Cochinilla.

El Caso Cochinilla, como muchos casos de corrupción similares, involucra una relación malsana entre sector privado y Estado para subvertir los procesos de toma de decisión en función de intereses particulares. Es por eso que, para concluir esta serie de artículos, compartimos nuestras recomendaciones sobre una serie de áreas adicionales en donde la transparencia se debe potenciar para mitigar la posibilidad de corrupción al divulgar más información sobre las conexiones entre el sector privado y el Estado.

Conflictos de interés

Uno de los principales riesgos de corrupción en las compras públicas son los potenciales conflictos de interés que se pueden dar entre quienes adjudican los contratos y los proveedores adjudicados, razón por la cual muchos Estados exigen que las autoridades y personas funcionarias involucradas en estos procesos presenten declaraciones de intereses para evidenciar aquellas relaciones que pueden afectar su imparcialidad. 

En Costa Rica, sin embargo, la figura de la declaración de intereses como tal no existe. Sí existe la declaración de patrimonio, la cual, si bien incorpora varios elementos propios de una declaración de interés, en realidad está diseñada principalmente para identificar situaciones de enriquecimiento injustificado.

¿Qué se podría declarar que actualmente no se está declarando para así poder identificar los conflictos de interés? Lo más importante es solicitar información del patrimonio y los intereses del cónyuge y la familia inmediata del sujeto obligado, ya que esto actualmente no se exige por lo que se limita mucho el alcance y utilidad de estas declaraciones. Además, se debería incluir información sobre membresías y cargos en asociaciones civiles, fundaciones, clubes y similares, así como en organizaciones con fines de lucro aún cuando no se reciban ganancias o dividendos. 

Otro gran problema es que en Costa Rica estas declaraciones son confidenciales y solamente se permite su revisión por parte de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República. La Contraloría hace un análisis de oficio de una muestra de las declaraciones para detectar anomalías pero no hay una revisión proactiva y, al ser completamente confidenciales, ni las proveedurías pueden hacer la diligencia debida para asegurarse que no hayan conflictos de interés ni la ciudadanía puede monitorearlas para identificar posibles redes de colusión. 

Por lo tanto, es necesario reformar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para que las declaraciones de patrimonio sean de acceso público (tal como lo propone el proyecto de ley 20.604, que lleva más de tres años varado en comisión) e incluyan información de los cónyuges y familiares directos, así como sobre intereses en todo tipo de organizaciones relevantes. Esto, además, puede ir acompañado de una regulación de las puertas giratorias para evitar casos de servidores públicos que, una vez que dejan su puesto, pasan a trabajar inmediatamente en empresas contratistas del Estado vinculadas con su anterior empleo.

Lobby

Una deuda pendiente del país en términos de transparencia e integridad es la regulación del lobby, entendiendo el lobby como aquellas comunicaciones con un cargo público que se gestionen por particulares con el objetivo de influir en decisiones sobre cuestiones públicas.   

¿Cómo funcionaría una ley de lobby? Implicaría la confección de un registro centralizado de lobistas y de todas las reuniones y audiencias que éstos sostengan con autoridades y funcionarios. 

Esto significa que, por ejemplo, si un representante de una empresa desea reunirse con un alcalde para conversar algún aspecto relacionado con una contratación, esta reunión deberá ser solicitada de previo y, sin importar si se realiza en un parqueo de un centro comercial, quedará registrada en un registro digital de acceso público y descargable en datos abiertos. 

Si bien el lobby es una actividad legítima, el tener claridad de con quién, cuándo, dónde y para qué se reúnen las personas servidoras públicas involucradas en procesos de contratación podría permitirle a instituciones y sociedad civil levantar banderas rojas sobre posibles actos de corrupción o relaciones sospechosas. 

Actualmente, en corriente legislativa se encuentra el proyecto de ley no. 21.346 que precisamente busca regular el lobby, no obstante, lleva más de un año en el orden del día del Plenario sin que se haya avanzado en su debate. 

Transparencia e integridad fiscal

Las revelaciones de los Panama Papers, Paradise Papers y, más recientemente, los Pandora Papers han evidenciado una tendencia por parte de ciertas empresas de optar por la opacidad con tal de escapar del marco regulatorio de sus jurisdicciones, entre las cuales se encuentra Constructora Meco, la compañía más involucrada en el entramado del Caso Cochinilla. Especialmente en los casos de empresas que reciben fondos públicos del Estado a través de contrataciones públicas, concesiones o exenciones fiscales, esta opacidad es inaceptable.  

Estas revelaciones llevaron a la conformación en 2016 de la llamada Comisión Legislativa de los Panama Papers, que propuso una serie de reformas legales para cerrar los portillos que posibilitan esas actividades. Aún así, a pesar de que el informe de la Comisión fue dictaminado en 2017, no fue sino hasta junio de 2021 que fue aprobado por el plenario, y la mayoría de los reformas recomendadas en dicho informe se encuentran en el limbo legislativo o están archivadas.

El cierre de estos portillos también debe ir de la mano con una mayor transparencia fiscal, para lo cual es importante impulsar cambios normativos que armonicen el secreto fiscal o tributario con el derecho humano al acceso a la información, y así asegurar que este último sea la regla y el secreto la excepción. En Costa Rica esta relación ha entrado en controversia, y ha sido la Sala Constitucional la que ha debido asegurar la publicación de listas de, por ejemplo, beneficiarios de amnistías tributarias o de grandes contribuyentes que continuamente reportan pérdidas. 

Dentro de este marco de mayor transparencia e integridad tributaria, se pueden adoptar políticas para impedir o minimizar la adjudicación de contratos públicos a proveedores que aparezcan en las “listas negras de contribuyentes” o que tengan cuentas en paraísos fiscales, esto con el fin de impulsar condiciones niveladas para todos los proveedores del Estado. 

Reflexiones finales

La relación entre el sector público y el sector privado debe ser mutuamente beneficiosa y complementaria, pero para eso debe estar basada en la transparencia y la integridad. De la misma forma en que al sector público le exigimos transparencia y rendición de cuentas, también debemos exigirle lo mismo a las empresas que reciban fondos públicos o asuman servicios del Estado. 

Esta serie de artículos ha buscado subrayar la necesidad de aumentar la transparencia y la apertura de datos tanto en el sector público como en el privado, ya que de esa forma podremos facilitar la prevención, mitigación e identificación de los actos de corrupción en las compras públicas.  

Sin embargo, tenemos claridad de que la corrupción no se va combatir solamente con la publicación de datos. Requiere de esfuerzos articulados, de un Estado más eficaz, de órganos fiscalizadores con mayores recursos y capacidades, de un sector privado más responsable, de una sociedad civil más activa y de una clase política que no instrumentalice el tema de la corrupción para fines partidarios.  

Es un problema complejo que requiere de un abordaje multidimensional, para el que no hay formulas mágicas ni soluciones inmediatas.