El pasado 17 de marzo realizamos en conjunto con Gobierno Abierto Costa Rica un webinar enfocado en cómo los datos pueden contribuir a la prevención de la corrupción, con énfasis en experiencias desde la contratación pública y el periodismo.
Este es el primero de una serie de cuatro artículos y materiales audiovisuales en donde exploramos cómo las contrataciones abiertas y el uso de datos abiertos pueden contribuir a prevenir la corrupción e impulsar la economía.
Desde hace varias décadas se conoce la necesidad de que las instituciones públicas mejoren sus estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en todos los aspectos de su gestión con el fin de restaurar la confianza y legitimidad frente a la ciudadanía y como camino para fortalecer la democracia.
Los procesos de contratación pública no son la excepción; al contrario, la información que se registra en ellos es tan valiosa para un país que su accesibilidad debería ser prioridad, ya que reflejan dónde se dirige buena parte del dinero de los contribuyentes y para qué se utiliza. En ese sentido, las noticias de las últimas semanas sobre el escándalo de corrupción conocido como Caso Cochinilla representan una oportunidad para evidenciar los pendientes como país y hacer los cambios requeridos con carácter de urgencia.
La ruta está más que señalada: la contratación abierta se ha establecido como una nueva norma global respaldada por organismos internacionales como el G7, el G20, la OCDE, el Banco Mundial y que recomiendan órganos del sector como la International Association of Contract & Commercial Management (IACCM) para que en todas las etapas del proceso de contratación pública se garantice máxima transparencia, rendición de cuentas, divulgación y participación ciudadana, aprovechando para esto lo que la tecnología puede aportar para hacerlo de manera eficiente, moderna y a gran escala.
¿Cuáles son los beneficios de que el país aplique el enfoque de contrataciones abiertas?
Aplicar los principios globales de contrataciones abiertas no es solo una herramienta para la lucha contra la corrupción, sino que también trae beneficios que impactan en una mayor rentabilidad, una mejor calidad de los servicios públicos, una mayor confianza pública y un mejor entorno para hacer negocios. Entre los beneficios más relevantes se encuentran:
- Reducción de costos: porque ayuda, por ejemplo, a identificar costos escondidos en negociaciones.
- Toma de decisiones más precisa: con una mayor apertura de información y transparencia, el gobierno puede conocer mejor quién gasta, en qué gasta, cuándo y cuánto gasta, lo que permite que pueda ser más certero en el análisis y en las decisiones sobre el presupuesto y otros objetivos de política pública.
- Mayor competitividad: crear un mercado más justo y accesible potencialmente incrementa el número de empresas participando en licitaciones, lo que a su vez diversifica la base de proveedores y puede reducir los precios de las contrataciones.
- Facilidad para el monitoreo: la disposición de información y datos permite que surjan iniciativas de análisis, fiscalización y comunicación de los contratos desde sociedad civil, periodistas, academia e incluso empresa privada.
¿Qué hace falta en Costa Rica?
Por un lado, el Ministerio de Hacienda, quien es el ente responsable de administrar el Sistema Integrado de Compras Públicas del Estado (SICOP), debe hacer las modificaciones necesarias para que ésta sea una plataforma adaptada a la lógica de contrataciones abiertas, capaz de publicar información acorde con las demandas de la ciudadanía, enfocada en la transparencia y la rendición de cuentas, y no solo una página electrónica para gestionar las contrataciones.
El SICOP debe mejorar la publicación de datos sobre la fase de ejecución de los contratos. La publicación de la etapa de apertura, recepción de ofertas y adjudicación es relativamente comprensiva, pero en la etapa de ejecución todavía hay vacíos. Además, debería aspirar a que la información se disponga en formato estructurado bajo el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, tal como lo ha empezado a hacer el Poder Judicial, para mayor facilidad de análisis y monitoreo.
También se debe corregir el modelo de gobernanza del SICOP. No es funcional que el Ministerio de Hacienda administre la plataforma, pero RACSA provea el servicio y custodie los datos. Esto dificulta el acceso a la información, pues toda solicitud de datos debe ir a RACSA, quienes usualmente no responden a consultas. Si RACSA no se adapta a la lógica de contrataciones abiertas, entonces ese servicio lo debería brindar otra empresa o entidad.
Por otro lado, el Congreso debe generar la legislación para normar que la declaración de patrimonio de funcionarios públicos y el registro de beneficiarios finales de las personas jurídicas sean públicos. Si esta información fuese pública se mejoraría la integridad y legitimidad de los procesos de contratación para potencialmente prevenir la corrupción, pues podría ayudar a identificar empresas que se presentan como empresas diferentes pero que en realidad tienen el mismo beneficiario final y permitiría identificar aumentos sospechosos o inexplicables en el patrimonio de los funcionarios públicos.
¿Qué debe hacer la ciudadanía?
Demandar, exigir y monitorear que Costa Rica cumpla al 100% con los principios globales de contrataciones abiertas y empiece a utilizar el Estándar de Datos de Contratación Abierta. La regla debe ser “apertura radical” para que la ciudadanía tenga voz en la contratación y el gasto público y pueda acceder fácilmente a la información de todos los contratos del Estado para ejercer una fiscalización ciudadana.
Como parte de este llamado, en las próximas semanas estaremos publicando más artículos y entrevistas para explicar en detalle los cambios que debemos impulsar en nuestro país para verdaderamente implementar un enfoque de contrataciones abiertas y mitigar los riesgos de corrupción.
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